Según los Trabajos Técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, las tareas del sector minero “se relacionan con la extracción, transporte y procesamiento de minerales y materiales de construcción. Estas actividades incluyen: operaciones en la superficie y subterráneas, para la producción de minerales metálicos, no metálicos e industriales, materiales de construcción y fertilizantes; extracción in situ de los minerales fundibles o solubles (notablemente, azufre y más recientemente, cobre), dragado y extracción hidráulica, junto a los ríos y aguas costaneras, lixiviación de las pilas de desechos en las minas (principalmente oro y cobre). Para transportar los materiales dentro del área de la mina y a la planta de procesamiento, se requieren flotas de equipos de extracción y transporte (camiones, cuchillas, palas, dragas, ruedas de cangilones y rapadoras), bandas, poliductos o rieles. Las instalaciones de procesamiento en el sitio incluyen las plantas de preparación y lavado de carbón y materiales de construcción, plantas de preparación, concentradores, lixiviación en el sitio de la mina y, dependiendo de los aspectos económicos, fundiciones y refinerías en o fuera del sitio. Una operación grande de extracción y/o fabricación es un complejo industrial importante, con miles de trabajadores; requiere infraestructura de servicios públicos, un campo de aviación, carreteras, un ferrocarril, un puerto (si es pertinente), y todas las instalaciones comunitarias correspondientes”
Evidentemente, operaciones de gran envergadura como las llevadas a cabo por empresas transnacionales, en contraste con los “pirquineros” (como se llama en la Argentina a los mineros artesanales) producen un inevitable impacto ambiental.
La minería a gran escala es responsable de la movilización de miles de personas de sus tierras de origen, causa sufrimiento y enfermedades a trabajadores y envenena a los habitantes de las zonas cercanas, afea el paisaje, degrada del agua, el aire y el suelo, es origen de violencia social, económica y política, incluso ocasiona guerras y matanzas.
El uso excesivo (abuso) de recursos agotables por parte de una minoría de países, condena a los demás al saqueo de sus recursos naturales y la explotación de su gente. Autos más grandes y lujosos, que consumen más combustible, envases que se compran y descartan automáticamente, joyas que halagan la vanidad de las mujeres ricas del primer mundo, se plantan sobre los hombros descarnados de los trabajadores mineros, campesinos, y sin tierra de América, Africa y Asia.
Sean los diamantes y el oro en Sudáfrica, el cobre en Chile o los rubíes y zafiros en Tailandia, el sometimiento y el maltrato han sido y son la moneda más corriente. Aún es costumbre la semidesnudez de los trabajadores en Africa y Asia, como forma de evitar el robo de las gemas, un hábito humillante que parece salido de algún relato medieval y no del siglo XXI.
Hay pocos paisajes tan horrendos como las minas a cielo abierto. Estas enormes terrazas socavadas artificialmente, a veces a costa de voltear montañas enteras, donde las máquinas aplastan, trituran, maceran y escupen minerales y desechos químicos, acumulan toneladas de escombrales inútiles, cambian el curso de los ríos, aceleran la desertificación y la erosión de las zonas deforestadas. Miles de hectáreas de bosques (con su flora y fauna asociada) se ven amenazadas en América Latina por la prospección minera. Los pueblos que viven de los bosques y las selvas, pierden sus recursos y sus hábitos ancestrales, se suman como obreros al proyecto destructor a cambio de miserables retribuciones. La aculturación, la entrada de enfermedades y vicios (como el alcoholismo), la prostitución infantil, son algunos males asociados a la minería en las regiones interiores de nuestro continente.
Procesos habituales, como la lixiviación, ocasionan un doble daño al ambiente: no sólo utilizan químicos altamente contaminantes como ácido sulfúrico en el caso del cobre, o cianuro y sodio en el caso del oro, sino que además su uso moviliza metales pesados como el cadmio que permanecen durante largo tiempo activos dañando las aguas superficiales y subterráneas y envenenando el suelo.
¿Adónde van a parar finalmente estos minerales, con tanto esfuerzo y sufrimiento conseguidos? Según un informe del Forest Peoples Programme, son los países ricos los que “utilizan más de dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, con el 15 por ciento de la población mundial, en conjunto consumen la mayoría de los metales producidos cada año: aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero. En un cálculo per capita, los distintos niveles de consumo son especialmente marcados: el estadounidense promedio utiliza 22 kilogramos de aluminio al año, el ciudadano promedio de la India usa 2 kilogramos y el africano promedio apenas 0,7 kilogramos. Sin embargo, las comunidades locales y los pueblos tribales de los países ricos en recursos son los más afectados por los efectos perjudiciales ambientales, culturales, sociales y de salud de las actividades de exploración y explotación minera”
Doce de los veinticinco estados más dependientes de minerales del mundo (la mayoría de ellos concentrados en el África subsahariana) fueron clasificados por el Banco Mundial como "países pobres altamente endeudados", la categoría de países más complicados a nivel económico.
Según un informe de las Naciones Unidas “cuanto mayor sea la dependencia de la exportación de minerales de los países del Sur, su estándar de vida será probablemente peor. Niveles más altos de dependencia de los minerales se correlacionan estrechamente con mayores niveles de pobreza y tasas de desnutrición y mortalidad infantil. También se asocian con desigualdad de ingresos, bajos niveles de gasto en atención de salud, bajas tasas de inscripción en escuelas primarias y secundarias, y bajas tasas de alfabetización de adultos, así como una mayor vulnerabilidad a las crisis económicas. Estudios académicos recientes revelan que los niveles de vida generales en los países dependientes de minerales tienden a sufrir tasas inusualmente altas de corrupción, gobiernos autoritarios, ineficacia gubernamental, gastos militares y guerras civiles.”
También la concentración empresarial es la norma en esta actividad: aunque hay muchas pequeñas empresas de gran diversidad de orígenes nacionales, las más grandes proceden invariablemente de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Entre ellas se incluyen Rio Tinto, Barrick Gold Corporation, Freeport MacMoran, BHP-Billiton, Newmont y Placer Dome.
Con respecto a las minas a cielo abierto, recientemente un movimiento ecologista surgido en Francia lanzó un petitorio con búsqueda de firmas para frenar la actividad minera sin control en la Provincia de Jujuy (Noroeste Argentino) La gran claridad de conceptos de la carta dirigida a la Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y su Gabinete, justifica que la extracte aquí: “Con nuestro mayor respeto, nos permitimos dirigirnos a Ustedes, para comunicarles nuestra gran preocupación por el recrudecimiento en Argentina, de proyectos mineros a cielo abierto en la región andina, especialmente, en la Provincia de Jujuy, con la reactivación de Mina Pirquita y numerosos pedidos de cateo y exploración en diferentes departamentos de la Puna. La misma prestigiosa Quebrada de Humahuaca, inscripta desde el año 2002 en el Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO, se encuentra amenazada por seis pedidos recientes de cateo por la Empresa Uranio del Sur S.A en el departamento de Tilcara, autorizados y luego suspendidos provisoriamente ante la oposición local.
El carácter irremediablemente destructor de la tecnología de explotación a cielo abierto que recurre a grandes cantidades de Energía, Agua, y productos altamente tóxicos, se encuentra abundantemente documentado en cuanto al medio ambiente, al entorno social y cultural, a la salud, a la permanencia y a la vida misma de las poblaciones locales. Existen en las propias Fiscalías Federales, numerosas denuncias penales de contaminación de empresas mineras actuales y muchas otras que han sido abandonadas hace más de 20 años, sin haberse realizado ningún tipo de remediación de pasivos ambientales de dichas minas. Esto hace que las mismas sigan actualmente contaminando ríos y perjudicando a la población. Los casos de las localidades de Abra Pampa y Pan de Azúcar han sido abundantemente documentados. De igual manera, es notorio el carácter espoliador de este tipo de extracción implementado por empresas extranjeras beneficiando de escandalosas exenciones fiscales y de privilegios energéticos y de uso de las reservas hídricas.
¿Qué será de la Quebrada de Humahuaca con una o varias minas de uranio?¿Qué será de sus campesinos indígenas, de sus cultivos regados con agua altamente contaminada, con una atmósfera inevitablemente impregnada de elementos radiactivos llevados a centenares de kilómetros, de su “Patrimonio Natural y Cultural”, de su auge turístico promovido durante años por los últimos gobiernos provinciales? ¿Qué será de la Puna Jujeña y de sus 50 000 habitantes, y más allá, cuando se acentúe todavía más el envenenamiento y el descenso de su napa freática, cuando se vuelva imposible la actividad agropecuaria tradicional?
¿Para qué lucharon los grandes próceres argentinos tan recordados en toda la tradición patriótica, si los argentinos del siglo XXI abren su puerta a un neo-colonialismo peor aún que la colonia de la cual fueron liberados? ¿De qué independencia económica, energética, cultural podemos hablar cuando empresas extranjeras se llevan todo, dejando detrás de ellos migajas, desastres ambientales y sociales irreparables, y las reservas minerales e hídricas saqueadas? Qué humillación para la Argentina, las limosnas de las empresas mineras a hospitales, escuelas y universidades para hacer olvidar sus privilegios exorbitantes otorgados durante el fatídico decenio de los noventa, y plasmados en una indignante ley de presupuesto de minería todavía sorprendentemente inmodificada.
Nos atrevemos a solicitarles que exijan un particular respeto de la Ley General de Medio Ambiente Número 25 675 y del Convenio Número 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) relativo a las Comunidades Aborígenes. Deseo que el Poder Judicial promueva la sanción rigurosa de los delitos ambientales y que el Poder Legislativo abra la Ley a los nuevos paradigmas tecnológicos y éticos.
Por favor, que el maravilloso País de la Argentina no transforme sus paisajes en desiertos, que no destruya su invalorable patrimonio natural y su valiosa diversidad cultural, que no aumente las poblaciones marginales de sus suburbios con sus campesinos y aborígenes forzados al exilio durante y después de las actividades mineras!
Finalmente, quisiéramos expresar nuestra indignación y nuestra incomprensión ante el veto a la ley 26.418 de Protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. Nos indignan también las modificaciones llevadas a la ley que podrán debilitarla y hasta vaciarla de su contenido, a causa de las ambigüedades introducidas. Es indudable que los cambios integrados al artículo 6, al permitir la implantación de infraestructuras declaradas de “interés público”, juegan con la ambigüedad de términos que pueden interpretarse de distintas formas. Por ejemplo, la extracción minera ya se ha calificado como una actividad de interés público en el artículo 13 del Código de mina.
Frente a proyectos mineros que conllevan importantes consecuencias medioambientales, en particular el de Pascua Lama situado entre Argentina y Chile, creemos que esta ley debe contar con una defensa firme para evitar catástrofes irreversibles. En estos tiempos de calentamiento global y de deshielo acelerado de los glaciares de Argentina y otros lugares, cuando el agua genera considerables tensiones y puede llevar a conflictos geopolíticos, es nuestro deber adoptar un comportamiento responsable respecto a esos campos de hielo. La desaparición de los glaciares y el debilitamiento de la reflexión de los rayos solares que proporcionan, aceleran el calentamiento global. La permanencia de los glaciares atañe a todos. Por consiguiente, les pedimos a Ustedes hacer todo lo que se encuentre en su poder para protegerlos.” (Fuente: /www.noalamina.org/)
Resulta extrañamente perturbador que las voces que más alto suenan para defender nuestros recursos, vengan de Francia y no de Latinoamérica. Pienso que quizás no “conviene” a los gobiernos enseñar, informar o consultar sobre la explotación minera en nuestros países…
En marzo de 2009 el gobierno de la provincia de Neuquén (Patagonia Argentin) otorgó permiso de exploración a una empresa minera de accionistas chinos y californianos en el territorio de los indígenas Mapuche. La futura mina de cobre se ubicaría en pleno territorio de la comunidad Mellao Morales. En el año 2007 la Corporación Minera de Neuquén, una sociedad del estado provincial, hizo un contrato de exploración con opción a compra por parte de la empresa Emprendimientos Mineros S.A, de capitales chinos. Los orientales compraron los derechos en abril de 2007 y a partir de allí comenzaron a proyectar su mina de cobre. Ni el gobierno ni la empresa consultaron a los pobladores y productores de la zona, que además se ven amenazados por otras nueve minas en la comarca.
Lo único que supo la población de Loncopué es que el mineral a explorar y explotar será el cobre. También saben que el método de extracción será el que ya han hecho tristemente célebre en Argentina las empresas mineras Barrick Gold (Veladero, San Juan) y Xstrata (La Alumbrera, Catamarca): volado de montañas con dinamita y lixiviación de roca con ácido sulfúrico. Se dinamitarán diariamente 28 mil toneladas del cerro Tres Puntas. Las voladuras generan levantamiento de polvo contaminante en la atmósfera, algo que afecta la salud de los habitantes, de los animales y de los vegetales de vastas zonas dependiendo del viento. Este tipo de minería utiliza camiones de gran altura y tamaño, que destruyen los caminos y contribuyen a esparcir el polvo que permanecía oculto en las montañas. El ácido sulfúrico con el que se rocía la roca se filtra tanto en las capas de agua superficiales como en las subterráneas. Además, como Emprendimientos Mineros S.A. estima que no puede adquirir suficiente ácido sulfúrico en Neuquén, establecerá una planta en el territorio de la Comunidad Mapuche Mellao Morales. Las nubes tóxicas que generan estas plantas precipitan como lluvia ácida y no sólo pueden afectar la zona, sino que, si se tienen en cuenta las características de la Patagonia estas nubes pueden llegar a recorrer hasta mil kilómetros, según afirman los vecinos de la asamblea de Campana Mahuida.
Además, la empresa evalúa producir electricidad mediante un generador diesel, o sea mediante la constante quema de combustible fósil. A todo esto se suma el más grave de los puntos: el agua necesaria para rociar las pilas de roca triturada. Una de las fuentes de agua en esta zona es el Río Agrio, que también será el lugar donde se volcará parte de los residuos. Toda la cuenca se verá afectada porque el Agrio es uno de los afluentes del Río Neuquén, que llevará a la capital de la provincia el ácido sulfúrico y el gasoil que derramen en él.
Según Cristian Hendrickse, que participa en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida y colabora como asesor legal, “Este proyecto no ha sido consultado con nadie, ni siquiera con la Comunidad Mapuche Mellao Morales, que es la que vive sobre el territorio donde están los minerales que se quieren llevar. La actitud del gobierno ha sido la de ignorar a la Comunidad Mapuche, desconocerla. Con los únicos que hablan es con los empresarios mineros. Esto es un flagrante incumplimiento del Convenio 169 de la OIT (que establece los derechos de los pueblos originarios) y que en Argentina tiene rango constitucional, por lo tanto está por encima del Código de Minería”
Respecto al impacto económico, indicó: “Las mineras prometen fuentes de trabajo, puestos de empleo en lugares donde hay necesidades. Pero en realidad son puestos de trabajo que requieren otro tipo de capacitación a la que tiene la gente de acá. La gente local tiene experiencia en el trabajo agrícola y ganadero, no en el trabajo minero. Entonces van a traer gente de otros lugares, ellos mismos lo han dicho. Y la consecuencia será la pérdida de puestos de trabajo en lo relacionado a la economía regional, el turismo y la agricultura orgánica principalmente. También se generará un aumento en el costo de vida porque va a haber un movimiento de dinero de una clase gerencial, sobre todo en lo relacionado a la vivienda, ya que éste es un lugar donde hay un déficit de viviendas muy importante”
¿Cuál es la respuesta de la población ante la posibilidad de que se instale la minera? “- Nos hemos autoconvocado como vecinos resistiendo a este proyecto. Se ha hecho un plebiscito en la comunidad mapuche Mellao Morales y el 99% votó por el NO al emprendimiento minero. Entonces aquí estamos en una pulseada, si el gobierno va a poner el oído en lo que quiere la gente o si va a poner el oído en la billetera de las grandes compañías.
¿Cómo se manejará la minera respecto a las regalías? “Según informaron van a generar 30 toneladas de cátodos de cobre al día y piensan explotar la mina hasta el año 2030. Un cálculo aproximado hasta esa fecha arroja una facturación arriba de los 1700 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que han comprado los derechos por tan sólo un millón. Las leyes sobre Minería, reformadas en la década del '90, le ponen un techo bien bajo a las regalías. Entre lo que le corresponde a la nación y a la provincia llegan a pagar el 5% del “valor boca mina”, que es mucho menor al del mineral procesado, y para colmo hay que tener en cuenta que antes han podido descontar variados costos. Les queda como el 95% de las utilidades, o sea que es una entrega, un saqueo declarado.
¿Y las consecuencias para la población? “El uso y la producción de ácido sulfúrico en la zona será mortal, porque es un ecosistema muy precario el de la zona de Loncopué. Hay especies en riesgo de extinción. Incluso el Río Agrio es un cauce muy ácido de por sí, naturalmente, porque nace del volcán Copahue. Un poco más de acidez que se le agregue a ese río y se va a extinguir toda la vida acuática. Vamos a perder la pesca, vamos a perder la posibilidad de alimentarnos y la posibilidad de que los animales crezcan. La gente vive de los animales y de la agricultura. La mayoría de la gente son crianceros, hay muy pocos estancieros. La mayor parte de la zona es bastante árida y el animal que se adapta es la chiva. Y este animal también va a estar en riesgo, como toda forma de vida… la agricultura y la ganadería constituyen un modelo cultural totalmente opuesto al de la minería”
¿Cómo será el impacto en el turismo? “Evidentemente la respuesta será de plazas vacías. El turismo acá viene buscando los baños termales y un lugar limpio. También hay unos circuitos turísticos que van por los cerros y que se van a perder, porque directamente ya no estarán los cerros”
(Fuente: Marcelo Maggio y Nicolás Gildenegers, tomado de Argenpres_info)
No mejores que las minas a cielo abierto resultan las minas en galería, excavadas en el seno mismo de la Tierra, si bien el impacto visual y sobre la superficie es menor, la posibilidad de contaminar las aguas es altísimo. Hasta 1940, este fue el método más común de extraer minerales; después de la Segunda Guerra Mundial los avances en explosivos, maquinarias y transportes hicieron más rentable el movimiento masivo de minerales a cielo abierto. Sin embargo, existen numerosos lugares donde por el tipo de yacimiento o de mineral explotado, la galería sigue siendo la opción más rentable. La perforación subterránea y las conexiones de los pozos entre sí, convierten a estas minas en pelígrosísimas trampas de gases y explosivos, los trabajadores se exponen a derrumbes y enfermedades pulmonares, una vez abandonadas suelen llenarse de agua y volcar hacia las napas y cursos superficiales enorme cantidad de sustancias tóxicas.
Cuatro etapas, innumerables impactos:
Como he mencionado en el apartado anterior, la minería puede dividirse en cuatro etapas: la prospección y exploración en búsqueda de los yacimientos, preparación del terreno (“construcción” de las minas), explotación de los minerales y tratamiento de los minerales para obtener productos y derivados. En el medio entre una fase y la siguiente, el trasporte de enormes maquinarias, sustancias y productos agrega complejidad al tema de los impactos medioambientales.
PRIMERA ETAPA: Prospección y exploración: Incluye apertura de caminos y zanjas, pozos de exploración, explosiones, desmonte de vegetación, instalación de campamentos en lugares naturales no preparados (acumulación de desechos, interferencia con animales, ruidos molestos)
SEGUNDA ETAPA: Preparación del terreno: Explosiones, movimiento de suelos, entrada masiva de vehículos y máquinas, evacuación de la población, deforestación, contaminación de agua, suelo y aire, migración o eliminación de los animales, introducción de flora y fauna exóticas (perros, gatos, ratas) en lugares naturales.
TERCERA ETAPA: Explotación de los minerales: Erosión, derrumbes, aludes, pérdida de la capacidad de retener agua del suelo, ruidos, olores y fealdad visual, daño a los acuíferos, cambio del paisaje, acumulación de escombrales, desviación de cursos de agua necesarios para diferentes procesos, contaminación por sustancias químicas usadas por la mina y por la aparición de minerales indeseados junto a los buscados. Pérdida de biodiversidad. Lluvia ácida, aumento de la temperatura, smog. Activación de fallas geológicas debido a las voladuras. Polvo en la atmósfera, humos negros, condiciones laborales insalubres, enfermedades “del minero” (entre otras: problemas respiratorios y reproductivos, silicosis, tuberculosis, leucemia y artritis). Aparición de pueblos precarios, prostitución, alcoholismo, violencia, stress. Desequilibrios en la población por género. Movilización de los pueblos originarios, pérdida de tierras ancestrales, aculturación, pérdida de valores y costumbres, dominación cultural. Presencia de personal armado y mercenarios (en especial en minas de piedras preciosas). Violación de los derechos humanos. Protestas, manifestaciones, matanzas, represión, guerras.
CUARTA ETAPA: Tratamiento de los minerales para obtener productos y derivados: Más contaminación de agua, aire y suelo. Rotura de oleoductos y diques de estanques de residuos. Desechos de altísima peligrosidad, vertidos a ríos, daños económicos y sanitarios a poblaciones. Mala utilización de los productos obtenidos (consumismo). Poca incidencia de la reutilización y reciclaje. Consumos enormes de agua en todos los procesos, con devolución al medio con cambios químicos o físicos (ejemplo: mayor temperatura)
¿Qué cambios visibles y perdurables producen estos impactos al paisaje? En Bolivia, el cerro Rico quedó perforado y agujereado como un colador por la expoliación salvaje de los españoles. En Montana, Estados Unidos, la montaña Spirit Mountain desapareció y con ella lo que fuera sitio sagrado de las tribus para instalar una mina de oro a cielo abierto. Se calcula que la contaminación por ácido durará 1.000 años.
En la localidad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Chubut, Argentina, la Mina Cerro Castillo-La Angela, explotada por capitales nacionales e ingleses, cerró en 1992 dejando contaminación, pérdida de acuíferos y cientos de desocupados. La extracción de plomo, zinc y oro se realizaba por una técnica mixta a cielo abierto y por galerías; se utilizaban mercurio y cianuro que luego de su uso se volcaban a una laguna. El personal trabajaba sin las menores condiciones de seguridad; muchos contrajeron enfermedades “de minero”, inevitables en las minas de carbón de la Inglaterra Industrial, pero prevenibles con algunas precauciones en la actualidad. Un ex empleado contó a un medio local: “Donde estaba la mina no queda nada. Los campos ya no sirven para el pastoreo y los arroyos se secaron. Nosotros sabíamos ir a pescar a esos arroyos. Íbamos con la familia. Eran nuestras diversiones, jugar al fútbol y pescar. Pero ya los peces se fueron." (Entrevista de www.ecoportal.net)
El 12 de Mayo de 2009 se produjo en Perú un episodio que sería un anticipo del desastre por ocurrir un mes después: una manifestación de aborígenes awajún y wampis, que protestaban por la derogación de la Ley Forestal y de Fauna fueron reprimidos por la policía, causando tres heridos graves y otros siete detenidos. Los uniformados dispararon gases lacrimógenos y armas de fuego; un hombre recibió un disparo en el abdomen y otros dos sufrieron problemas respiratorios.
El 5 de junio, en los peores disturbios registrados en años en la Amazonía peruana, al menos 34 personas, nueve de ellas policías, murieron y más de 100 resultaron heridas cuando agentes desalojaron por la fuerza a indígenas que bloqueaban una carretera de la región en protesta por nueve decretos vinculados al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Ante la represión y muerte de los primeros nativos, el pueblo se rebeló contra la policía y las autoridades de las localidades de Bagua Grande y Bagua Chica, en el Departamento de Amazonas, destruyendo y saqueando todo a su paso. Por otra parte, se dijo que a los aborígenes fallecidos, los “colocaban en bolsas negras y arrojaban desde un helicóptero al río”.
La organización aborigen Ecuarunari, la más importante de Ecuador, denunció una grave represión contra comunidades en la Amazonia de Perú e hizo un llamamiento a la comunidad internacional. Ecuarunari, en un comunicado, acusó al presidente Alan García, de una "cobarde agresión" contra los indígenas de la Amazonía peruana, que desde el pasado 9 de abril reclamaban la derogación de una decena de decretos legislativos que desconocen la titularidad y la ancestralidad de los pueblos indígenas sobre la tierra que ocupan.
Los intereses empresariales de las multinacionales de capital francés, estadounidense, chino, canadiense y español, (como la petrolera francesa Perenco y la española REPSOL, entre otras) se interesan hace tiempo en la explotación de los recursos de la Amazonia y zona Alto Andina, ricas en petróleo, gas natural y minerales. Los aborígenes que se oponen a la expropiación y evacuación de sus tierras estaban bloqueando una carretera cuando fueron atacados por helicópteros que dispararon bombas lacrimógenas. Cuando trataron de escapar de los gases, la policía empezó a disparar con armas de fuego.
Un día antes el presidente Alan García había autorizado el uso de fuerza en contra de aquellas personas, en vez de buscar una solución pacífica consultando a las comunidades cuyos sus territorios son afectados
La avidez por implementar a rajatabla el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha producido la invasión de empresas privadas en territorios indígenas ignorando la propiedad comunal, y violando los artículos 6 y 7 de la actual Constitución peruana. El 72% de su territorio amazónico ha sido concesionado a distintas empresas mineras. Según un informe elaborado por el Ministerio de Salud en el 2006, el 98% de los menores pertenecientes a las más de 50 comunidades originarias de la zona, sobrepasan los límites de cadmio en sangre.
El convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) obliga el gobierno peruano a consultar los pueblos indígenas sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios. El gobierno peruano ratificó el Convenio 169 en 1994.
Alan García acusó a los indígenas de “terroristas”; Alberto Pizango, líder de AIDESEP de los pueblos indígenas de la Amazonia, dijo: “Nosotros no estamos en contra de desarrollo, pero queremos desarrollo desde nuestra visión”. Quizás ya sea hora de empezar a escuchar la voz de la razón.
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